La Fiscalía Provincial de Madrid se ha sumado a la apelación interpuesta por la Asociación de Juristas Gitanos frente al archivo de la denuncia presentada contra el periodista Eduardo García Serrano, quien realizó unas graves declaraciones sobre el Pueblo Gitano durante la retransmisión del programa televisivo “El Gato al Agua” el pasado en julio de 2020.
La Fiscalía de la sección de Delitos Informáticos y de Odio, no solo comparte los argumentos de Juristas Gitanos sino que, además, ha interpuesto recurso solicitando que se deje sin efecto el auto de sobreseimiento y se dicte una nueva resolución al objeto de practicar las diligencias necesarias para la investigación de los hechos. Ha solicitado también la acumulación al procedimiento de las denuncias de Kamira, Fakali y la Plataforma Gitana de Acción Politrom.
El derecho a discrepar no incluye la ofensa totalmente gratuita hacia un colectivo, sirviéndose de expresiones y conceptos de naturaleza ofensiva, vejatoria y de menosprecio respecto de todo un pueblo y que, por su generalización, provocan la cosificación de todo el colectivo.»
Ministerio Fiscal
El Ministerio Fiscal entiende que las manifestaciones del Sr. García Serrano constituyen un delito contra la dignidad de las personas del artículo 510.2 a) del Código Penal. Según la Fiscal, “el derecho a discrepar no incluye la ofensa totalmente gratuita hacia un colectivo, sirviéndose de expresiones y conceptos de naturaleza ofensiva, vejatoria y de menosprecio respecto de todo un pueblo y que, por su generalización, provocan la cosificación de todo el colectivo”.
El abogado de la acusación, el cordobés Marcos Santiago, sostenía con acierto en su escrito de apelación que “la libertad de expresión no debe utilizarse como una patente de corso para cometer delitos de odio”. En este sentido, la Fiscalía se aleja drásticamente de la posición del juez instructor, quien calificó las declaraciones del periodista de simples “afirmaciones ácidas”, y se alinea con la acusación particular tanto en su razonamiento jurídico como en su búsqueda de justicia.
La libertad de expresión no debe utilizarse como una patente de corso para cometer delitos de odio.»
Marcos Santiago, Abogado
Ahora, la intervención de la Fiscalía da un nuevo impulso al procedimiento y permitirá, previsiblemente, la práctica de las diligencias de investigación que negó el juzgado por no considerar los hechos constitutivos de delito. Desde Juristas Gitanos esperamos que la Justicia actúe con rotundidad ante este asunto y no quede impune porque, de lo contrario, se asentaría un peligroso precedente “contra la dignidad de todos los grupos sociales protegidos en los tipos penales encuadrados como Delitos de Odio” convirtiendo este tipo de delitos en un mero adorno.
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