El periodista Eduardo García Serrano prestó declaración ayer 1 de diciembre por las graves declaraciones que vertió contra el Pueblo Gitano durante el transcurso de un programa televisivo. Los hechos denunciados se remontan al 30 de julio de 2020, en el marco del acto institucional de conmemoración del Samudaripén, el genocidio nazi que se cobró la vida de más de un millón de romaníes, y la Gran Redada, que fue el primer intento de exterminio de los gitanos en España.
En relación a este evento, García Serrano, quien participaba como contertulio en “El Gato al Agua” de “El Toro TV”, acusó a los gitanos de practicar un modo de vida al margen de la ley, presentándolos como una amenaza social. Según el tertuliano, no debería pedirse perdón al Pueblo Gitano por la persecución institucional sufrida, sino que deberían ser ellos “quienes pidieran perdón” por haberles consentido “crear un estado tribal dentro de un Estado moderno”.
Con sus palabras el periodista no solo justificó tácitamente la barbarie contra los gitanos, sino que discriminó, menospreció, humilló y criminalizó a todos los miembros de esta comunidad de forma gratuita y colectiva. El presunto agresor se sirvió de un medio de máxima audiencia para difundir una imagen del Pueblo Gitano estereotipada y prejuiciada, atentando así contra la pacífica convivencia y la dignidad de cualquier persona perteneciente a esta minoría étnica.
La Asociación de Juristas Gitanos interpuso en su momento denuncia ante el juzgado y se personó como acusación particular. El asunto fue sobreseído en primera instancia y recurrido después ante la Audiencia Provincial de Madrid.
El Ministerio Fiscal se adhirió entonces al recurso por considerar que las manifestaciones de García Serrano constituían un delito contra la dignidad de las personas del art. 510.2 a) del Código Penal. Según la Fiscal, “el derecho a discrepar no incluye la ofensa totalmente gratuita hacia un colectivo, sirviéndose de expresiones y conceptos de naturaleza ofensiva, vejatoria y de menosprecio respecto de todo un pueblo y que, por su generalización, provocan la cosificación de todo el colectivo”.
Tras aceptarse a trámite el recurso por la Audiencia y después de más de dos años de espera, el denunciado ha tenido que responder a las preguntas de los abogados gitanos Carmen Santiago, en representación de la Federación Kamira, y Marcos Santiago, en nombre de Juristas Gitanos.
Si por mis palabras me han traído hasta aquí, habría que traer a infinidad de guionistas, escritores, realizadores de cine…»
Eduardo García Serrano tras ser preguntado por el abogado Marcos Santiago.
En su declaración ante la jueza, sin embargo, el Sr. García sorprendió con sus explicaciones al tratar de justificar su comportamiento. El periodista mantuvo que su crítica no se dirigía “hacia los españoles gitanos sino contra el vicepresidente del Gobierno” para lo que se valió de “argumentos sociales, económicos e históricos”, y su intención, insistió el periodista, “nunca fue ofender al Pueblo Gitano”. El investigado se mostró dispuesto a ofrecer disculpas públicamente a través de los medios de comunicación en los que trabaja. A pesar de su disposición a rectificar, el Sr. García quiso restarle importancia y gravedad a los hechos denunciados al reseñar que si por sus palabras “le han traído hasta aquí”, refiriéndose a su condición de investigado, “habría que traer a infinidad de guionistas, escritores y realizadores de cine”.
A diferencia de lo que sostiene el Sr. García, consideramos que sus palabras sí revestían la gravedad y entidad suficientes para constituir un posible delito de odio y mantenemos la confianza de obtener una condena ejemplar.»
Juristas Gitanos
A diferencia de lo que sostiene el Sr. García, desde Juristas Gitanos consideramos que sus palabras sí revestían la gravedad y la entidad suficientes para constituir un posible delito de odio y es por esa razón que denunciamos los hechos en su momento y mantenemos aún la confianza de obtener una condena ejemplar. Habrá que esperar ahora la decisión de la jueza de instrucción para saber si se continua adelante con el procedimiento, en el caso de que considere que existe indicio de delito, o por el contrario se sobresee, si es que entiende que las declaraciones de García Serrano estarían amparadas por la libertad de expresión.
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