Las sanciones impuestas durante el estado de alarma, en los primeros meses del año 2020, han ocasionado un daño patrimonial importante a los ciudadanos. Entre ellos hemos podido comprobar que en algunos casos, los hechos que justifican esas sanciones, no son exactamente como se han recogido en la correspondiente carta que llega desde el Ministerio del Interior, con importes en algunos casos de 601,00 euros y calificada como sanción grave. Ante esto, existe una posibilidad de plantear un recurso de alzada y, casi seguro, luego habrá que acudir al juzgado. Debemos entender que los juzgados están dando en algunos casos la razón al ciudadano ya que esas posibles situaciones que supusieron un quebranto del confinamiento durante los meses más duros del Estado de alarma, tenían su justificación plena y estaban amparadas por la ley, excepciones muy concretas, recogidas en el Real Decreto 463/2020. Os recomendamos poneros en contacto con un abogado para estudiar el caso particular. La cuestión no es pacífica y existen argumentos de peso relativos a derechos constitucionales y otros que pueden ser utilizados en defensa de una sanción que podría ser en muchos casos injustificada o injusta a todas luces.
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